El pleno celebrado ayer por la Corporación municipal aprobó, con la abstención de los grupos socialista y andalucista, la propuesta de alteración de la alteración de la calificación jurídica del Palacio de Congresos, de Patrimonio Municipal de Suelo a bien de dominio público municipal, atendiendo a los servicios de carácter público que se prestan en el mismo.

La medida es una de las más importantes aprobadas en pleno durante los últimos meses, según lo declarado por el alcalde. Tras múltiples gestiones, el Ayuntamiento terminó adquiriendo a través de un embargo el 50 por ciento del Palacio, que tenía la catalogación de bien patrimonial y por lo tanto estaba sujeto a posibles embargos o enajenaciones. Con la decisión aprobada, lo que se ha hecho es adscribir el edificio a dominio público, lo que permite dotar al edificio de una máxima protección para el disfrute de todos los linenses.
Juan Franco destaca el trabajo realizado para conseguir que el 100% del Palacio sea de titularidad municipal, lo que redundará tanto en el incremento del patrimonio municipal como en beneficio de toda la ciudadanía.
Durante el pleno también se aprobó, con la abstención del Partido Socialista y el grupo andalucista, la propuesta de acuerdo para la resolución del convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la consejería de Obras Públicas y Transportes para la cesión de la gestión de las Unidades Vecinales de Absorción (UVA) de las barriadas de Mirasierra y El Junquillo.
Por parte del grupo socialista se solicitó que el punto quedara sobre la mesa, atendiendo a la visita anunciada por el delegado Territorial de Vivienda, para el próximo día 24, para el análisis del acuerdo, propuesta que fue rechazada por acuerdo de todos los partidos.
Tras un debate, en el que el teniente de alcalde responsable de Patrimonio, Mario Fernández, recordó que se trata de un convenio de 2004, así como la dificultad para el Ayuntamiento de la gestión y mantenimiento de estas viviendas, con una morosidad en los pagos a día de hoy de 3.600.000 euros. Además, relató las múltiples gestiones realizadas con responsables de la Junta sin que haya existido compromiso alguno de actuación hasta el momento.
Por su parte, el alcalde criticó la actuación de la administración autonómica “pues nos llevan toreando desde hace dos años y medio. Le recuerdo al PSOE que la Junta nos debe 2 millones de euros en concepto de IBI y encima, ahora, nos bajan las aportaciones de la Patrica”.
Juan Franco se lamentó que aún tratándose de un acuerdo muy dañino para la ciudad “no se respalde por cuestiones de colores políticos”.
Otro de los puntos aprobados por unanimidad fue el Plan Anual Normativo 2018 y la modificación de los artículos 8, 18 y 19 del Reglamento regulador del Consejo Asesor del Deporte.
En el apartado de mociones, se debatió una presentada por La Línea 100x100, a la que se adscribió el PP, por la que se solicita a la Junta la firma de un convenio para el uso del campo de fútbol de la Residencia de Tiempo Libre para el entrenamiento de la Escuela de Futbol Profesional, que contó con la abstención del grupo socialista.
En el apartado de urgencia, se desestimaron dos mociones, una sobre la equiparación salarial de la Policía Nacional de Ciudadanos, formulada por el portavoz Ángel Villar y otra sobre la prisión permanente revisable, presentada por el PP.