El Partido Socialista se sumó ayer en pleno a la moción presentada por La Línea 100x100, partido que sustenta al equipo de gobierno, en la que se requiere a la Junta de Andalucía para que agilice el reconocimiento y la asignación de zonas de difícil cobertura de las áreas sanitarias del Campo de Gibraltar Este/La Línea y Oeste/Algeciras.

Además, se reclama que se cubran las plazas vacantes de especialistas en el hospital de La Línea de la Concepción y en el Punta Europa, así como las del resto de personal sanitario necesario para que los dos hospitales y centros de salud funcionen a pleno rendimiento, cubriendo bajas, vacaciones y jubilaciones.
En la moción se recoge la necesidad de que se reduzcan las listas de espera a los plazos que marca la Ley de Garantías, con el objetivo de garantizar la atención sanitaria y un seguimiento de calidad. Subraya como traer personal o “peonadas” y las derivaciones a otros hospitales, están generando multitud de problemas tanto para los pacientes como para el funcionamiento de los centros.
En otro orden de cosas, se solicita dotar de aparatos y personal sanitario a los hospitales para que las pruebas diagnósticas de los pacientes ingresados sean realizados en el propio centro y, por último, una solución al problema de limpieza con la aprobación de un plan extraordinario de limpieza y mantenimiento.
La moción tiene su base en el escrito remitido al alcalde de la ciudad por parte de la coordinadora comarcal en Defensa de la Sanidad Pública y la Plataforma de Afectados del Campo de Gibraltar, manifestando su preocupación por la situación de la sanidad en la comarca.
Por otro lado, en la sesión plenaria, última del presente año, todos los puntos resultaron aprobados por unanimidad de todos los grupos políticos, comenzando por la modificación del Reglamento Orgánico de funcionamiento, que permitirá dotar de mayor agilidad a los plenos; las cuentas generales de 2018, en las que se reafirma una mejora sustancial de los resultados económicos; la solicitud a la Junta de Andalucía para la desafectación del colegio público Padre Manjón con el objetivo de poder ubicar en sus dependencias un centro de formación o cualquier otra instalación con fines sociales, y el cierre de la Agencia de Desarrollo Económico, organismo autónomo sin actividad alguna.