La terminación de las obras de la Residencia de Mayores de Santa Margarita ha centrado la reunión celebrada esta tarde en la ciudad entre los diputados responsables de Asuntos Sociales y Económicos de Diputación, Isabel Armario y Jesús Solís, respectivamente, miembros de la Mesa de Trabajo por La Línea, familiares afectados por el cierre de la actual residencia y representantes de la Corporación municipal, con el alcalde, Juan Franco, los tenientes de alcalde Mario Fernández y Helenio Lucas Fernández y las concejales Ceferina Peño y Rosa López, al frente.
Por parte de la institución provincial se plantea una retención de crédito en tres anualidades presupuestarias, por importe de cinco millones de euros, un plazo de finalización de la redacción del proyecto de obras hasta noviembre o diciembre, la preceptiva fase de licitación y la terminación de los trabajos en dos años. Estos cinco millones de euros se distribuirían en un millón en 2018, tres millones en 2019 y un millón en 2020.
Tanto Isabel Armario como Jesús Solís han coincidido en haber cumplido con el compromiso de calendarización pactado con representantes de la Mesa de Trabajo y han cifrado el convenio suscrito con Asansull en 618.000 euros, destinados a la atención de los pacientes trasladados y de los trabajadores de las empresas auxiliares. Las plazas se ampliarían hasta un total de 34 en el nuevo centro de Asansull de la calle Carboneros.
El diputado de Asuntos Económicos ha calificado la retención de crédito como una partida destinada a inversión real en al apartado de Bienestar Social y ha señalado que se trata de un mecanismos que obliga a retener estas cantidades en los ejercicios presupuestarios de las anualidades antes citadas. La propuesta, por lo general, ha sido definida como un paso adelante por los integrantes de la Mesa de Trabajo, a pesar de que existe aún cierta desconfianza a nivel técnico en lo que supone la redacción de los nuevos contratos dependientes de los traslados y la definición de los términos en el contrato con Asansull.
Es por ello, por lo que el teniente de alcalde y delegado municipal de Asuntos Sociales, Helenio Lucas Fernández, ha solicitado la ampliación del plazo para formalizar los traslados, previsto inicialmente para el martes, día 18, aunque solo sea en una semana hasta tanto se aclaren las dudas de los pacientes afectados. Entiende que aunque son cantidades comprometidas en firme, “cualquier proyecto de futuro genera incertidumbre y lógicamente lo único que podemos hacer es fiarnos de las palabras que nos están dando”.
Sobre las dudas de los residentes en aspectos relacionados con los traslados, ha matizado que serán contundentes a la hora de buscar las fórmulas para que los familiares queden lo más satisfecho posible y que los traslados se realicen de manera pacífica y consensuada.
En estos términos ha coincidido el alcalde de la ciudad, Juan Franco, quien además ha estimado oportuno la existencia de un acuerdo plenario por parte de Diputación, propuesta que había sido planteada igualmente por la concejal Ceferina Peño.
Por su parte, el teniente de alcalde y delegado municipal de Patrimonio, Mario Fernández, se ha interesado por el futuro del actual edificio de la calle Gómez Ulla una vez se desaloje en su totalidad. Sobre este asunto, la diputada provincial se ha manifestado partidaria de buscar soluciones para que las instalaciones puedan ser reutilizadas y no se expongan a posibles ocupaciones.
En el caso de los integrantes de la Mesa de Trabajo por La Línea, mañana miércoles mantendrán una reunión para decidir las actuaciones a llevar a cabo una vez conocidas las propuestas de Diputación.
