A raíz de la petición formulada por el portavoz del grupo andalucista, Ángel Villar, exigiendo la paralización inmediata de la demanda de desahucio formulada contra uno de los adjudicatarios de una vivienda de Emusvil, así como la solicitud cursada por parte de Izquierda Unida para la declaración de la ciudad como municipio libre de desahucio, Mario Fernández, en su calidad de vicepresidente de esta sociedad municipal, ha señalado la existencia de problemas con un total de veinte familias o personas que residen en algunas de las promociones que la empresa municipal levantó en su día. De estos veinte casos, con quince de ellos se está actualmente negociando, lo que permitirá con toda probabilidad llegar a una solución factible. Con dos hay acuerdos y los verdaderos problemas se centran en tres casos, uno al negarse a aceptar el cambio de vivienda ofertada, otro que no ha pagado nunca las cuotas mensuales y un tercero que, al fallecer, sus ocupantes tienen que abandonar legalmente la vivienda al no estar permitidas las permutas por ley. “Este proceso de negociar y buscar soluciones lo hacemos porque asegurar la alternativa habitacional ha sido siempre una prioridad para este equipo de gobierno”, relata Fernández.
Ante esta situación, subrayar que el caso planteado por parte de Villar se integra entre los quince que están siendo objeto de negociación para buscar un acuerdo. Las circunstancias son graves debido a que el titular de la vivienda no ha abonado ningún recibo desde el mes de noviembre de 2013, manteniendo una deuda con la sociedad municipal de 7.221 euros, aproximadamente unos 246 euros al mes. El afectado fue trabajador municipal y percibe su jubilación de la Seguridad Social, siendo su situación económica bastante más desahogada que la existente en otros casos.
Mario Fernández ha reiterado la predisposición de Emusvil para llegar a acuerdos con los adjudicatarios de las viviendas que mantengan problemas para poder afrontar los alquileres. En la mayor parte de los casos, la apertura de procedimientos judiciales conlleva que las familias decidan saldar sus deudas con la sociedad y de manera inmediata.
Por todo lo anterior, considera que habría que preguntar al portavoz andalucista si lo que se pretende es que existan viviendas gratis para todo el mundo con la consiguiente merma para las administraciones, sin entrar a valorar la situación económica y familiar de los adjudicatarios y los motivos que condicionan los impagos. De igual forma, pregunta a Izquierda Unida qué tipo de solución ofrece para aquellas familias que se niegan a pagar sin tener una situación económica desfavorable y mantienen la ocupación de una vivienda con todas las ventajas derivadas de su condición de adjudicataria de la misma. También sería interesante conocer la opinión de estos grupos políticos sobre lo que hay que decir a los que pagan con toda normalidad y ven que otros no lo hacen. “El tema político de los desahucios sin conocer en profundidad cada historia da, como estamos viendo, para mucha demagogia política. Pero insisto que quien tiene problemas se sienta y negocia y se ofrecen soluciones”.
“La predisposición del alcalde, como presidente de Emusvil y la mía como vicepresidente, no es en ningún momento llegar al desahucio pero también es obligación velar por el buen funcionamiento de la empresa y fiscalizar tanto a constructores como a usuarios. Además, debe tenerse en cuenta que tenemos un registro de demandantes de viviendas de 504 personas”, concluye.
