El teniente de alcalde delegado de Asuntos Sociales, Helenio Lucas Fernández, ha enviado un escrito al Defensor del Pueblo Andaluz en el que denuncia el incumplimiento del Decreto-Ley que regula la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía (RMISA), en vigor desde hace apenas un año. Le solicita que incluya este hecho en su informe anual al Parlamento Andaluz y que proponga medidas alternativas para aquellas personas que no encuentren la inserción laboral que se persigue.
El edil reconoce las bondades de esta norma, en la que destaca que la RMISA es “una prestación garantizada, un nuevo derecho subjetivo que incorpora un itinerario a través de un plan de inclusión sociolaboral por cada unidad familiar; su ampliación a 12 meses, prorrogables con matizaciones, que permite suspenderla si se produce la contratación laboral del beneficiario; los requisitos se rebajan y se adaptan a la realidad sociológica actual; el cálculo de la cuantía de la prestación se hace sobre un porcentaje del 78% del IPREM a la fecha de la solicitud, y se puede incrementar según el número de componentes de la unidad familiar hasta el 125%; etc.”
Sin embargo, Helenio Fernández critica “que una vez más la administración autonómica descarga su tarea sobre los servicios sociales comunitarios de los ayuntamientos”, si bien, siendo consciente de la dificultad, se comprometió a crear una plataforma electrónica para elaborar el plan de inclusión sociolaboral por medios telemáticos junto al Servicio Andaluz de Empleo, y, a través de la Estrategia regional de intervención en zonas desfavorecidas en Andalucía, a reforzar la dotación de personal de los servicios sociales comunitarios, además de incrementar el presupuesto. Pero a punto de concluir el año 2018, el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, “ha hecho todo lo posible por llevar a cabo las tareas que el Decreto-Ley 3/2017, de 19 de diciembre nos impone. Sin embargo, nuestros servicios sociales solo han recibido un refuerzo de tres trabajadores sociales hace tres meses que finalizan contrato en los primeros días de enero de 2019, para poner al día los expedientes de los solicitantes de la prestación, sin que hasta la fecha se nos haya notificado la resolución para la que se incorporaran los trabajadores que llevaran a cabo el plan local de intervención en zonas desfavorecidas”, explica el teniente de alcalde.
Debido a esta circunstancia, actualmente se han tramitado y enviado 803 solicitudes de las cuales, en trámite hay 4; se ha requerido mas documentación para 42; archivadas, 3; denegadas, 67, e inadmitidas, 24. Solo han sido concedidas 31 rentas y de estas, los trabajadores sociales de refuerzo están elaborando los planes de inclusión, de los que se han terminado y enviado a delegación en Cádiz, 13. En definitiva, solo se ha resuelto el 22,91% de los expedientes enviados y solo el 3,86% de forma positiva.
Helenio Fernández considera que “no es normal, pues se trata de personas que están en exclusión o en riesgo de estarlo, y a las que el citado decreto garantiza un plazo para resolver y notificar la resolución de dos meses. No es de recibo la demora en la resolución, demora que los ciudadanos afectados no alcanzan a comprender y requieren, a veces de malos modos, dada su desesperación, a los trabajadores sociales municipales, respuestas a sus peticiones que, obviamente, no les pueden dar.”
Asimismo, dado que a los que logran la RMISA se les hace un seguimiento laboral, solicite que este no se limite “a estar de alta en el SAE y presentar currículos a empresas que difícilmente les dará el empleo que les haga salir de la marginación social”, según el responsable de Asuntos Sociales.
